por Laura Aldana
Los municipios son la base de la organización territorial del país, integrada por población, territorio y tradiciones, cultura e identidad. El ayuntamiento, definido en nuestra constitución como el órgano de gobierno de los municipios, integrado por alcalde, síndicos y regidores, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los municipios y sus ayuntamientos, al igual que otras formas de organización política, justifican y sirven al sistema imperante. Es importante entender los intereses económicos, políticos y sociales a los que representan.
El municipio como forma de organización política, ha evolucionado desde la época de la colonia, donde básicamente el ayuntamiento, es decir sus gobernantes, estaba al servicio de la corona española y servía para mantener el control económico. En esta época los ayuntamientos tenían a su cargo la recolección de impuestos para la corona, la administración de las obras, el control sobre lo que se producía y mantenían el orden público.
Conforme la sociedad colonial se fue haciendo más compleja, se valió de la división territorial en provincias, que se conformaban por varios pueblos, mismos que reconocían una alcaldía mayor representada exclusivamente por españoles, limitando la participación de los indígenas y los criollos. La asignación de los puestos era por designación e incluso por venta de plazas que, en la mayoría de los casos, se perpetuaban.
La Constitución de 1824, de corte liberal, reconocía la soberanía del pueblo y la república federal como forma de gobierno, y con ello la posibilidad de elegir a sus representantes. También establecía la división territorial, en estados y municipios. Así, el 2 de marzo de 1824 se erige el Estado de México y, en consecuencia, el 1 de enero de 1826, tomó posesión el primer ayuntamiento del municipio de Naucalpan.
Durante la dictadura de Santa Anna se centralizó el poder, a través de la Constitución de 1836, en su sexta ley se suprimieron los ayuntamientos y los pueblos fueron administrados por jueces de paz, se sustituyó a los estados por departamentos y estos, a su vez, se dividían en distritos y partidos judiciales (cuyos gobernadores y legisladores eran seleccionados por el presidente), únicamente la Cámara de Diputados y las Juntas Departamentales eran electas.
El derecho de voto estaba condicionado a un ingreso mínimo, y los cargos estaban garantizados a la élite ilustrada, concepto atado directamente a la riqueza económica.
Nuevamente, tras un álgido periodo de lucha entre liberales y conservadores, la Constitución de 1857 establece como forma de gobierno la República representativa y federal y consolida el poder del Estado. En cuanto a la autonomía del municipio, establece la elección de las autoridades municipales y el pago de impuestos a los tres órdenes de gobierno, siendo la responsabilidad de las entidades, la reglamentación de los municipios.
Varios de los ayuntamientos que habían sido históricamente representados por miembros de la nobleza y el clero (quienes poseían grandes extensiones de tierra) se vieron afectados por las Leyes de Reforma al tener que vender varias de sus tierras.
Durante la Reforma, el municipio de Naucalpan tuvo una participación activa en la economía del país y fue pieza clave para el desarrollo económico. En 1869 el presidente Benito Juárez inauguró la fábrica de Hilados y Tejidos de Río Hondo, le siguió la fábrica de Hilazas La Abeja y El Molino de Trigo, este desarrollo fue posible gracias a la posición geográfica del municipio.
En un siglo, Naucalpan pasó de ser un municipio con gran producción agrícola, a ser un municipio altamente urbanizado, con centros industriales muy importantes.
En términos de desarrollo económico, el liberalismo juarista sembró las bases de lo que hoy son los municipios más desarrollados en industria y capitales.
El 3 de septiembre de 1874 el congreso del estado otorgó la categoría de Villa, al municipio, concediéndole la denominación “de Juárez” por la importancia del municipio para el gobierno juarista.
Durante el porfiriato, los jefes políticos imponían su voluntad a los municipios, centralizando las decisiones y el poder económico. De ahí que los liberales de la época incluyeran en su programa, la supresión de los jefes políticos y la reorganización de los municipios que habían sido suprimidos y el robustecimiento del poder municipal. En el entendido de la importancia del municipio para la federación y la vida democrática.
Algunos revolucionarios como Zapata reconocían la importancia del municipio, por ser estos garantes del desarrollo de los pueblos y un contrapeso a la dictadura.
Es por eso que promulga la Ley general sobre libertades municipales, en esta ley se establece por primera vez la elección directa de los ayuntamientos, sin otro requisito para votar, que el ser vecino del municipio; también establece que, sean los vecinos quienes por ellos mismos tengan en sus manos el control sobre los funcionarios municipales; de la misma forma, establece la posibilidad de que sean los mismos pobladores quienes destituyan a un ayuntamiento y dota a los municipios de la libertad política y recaudadora frente al estado, reserva contribuciones al municipio y la posibilidad de decidir en qué usará los recursos.
El congreso constituyente de 1916 – 1917 retomó la discusión sobre la autonomía municipal y en la Constitución de 1917 se reconoce al municipio como la base de la organización territorial, política y administrativa. A través del artículo 115 constitucional se dota de autonomía, se elimina la figura del jefe político y se establece que no habrá autoridad intermedia entre estado y municipio; por último, establece la elección popular de los ayuntamientos, quienes tendrán a su cargo la administración municipal.
En la actualidad, con las reformas neoliberales, el municipio pasa de ser mero administrador a ser un órgano de gobierno con la responsabilidad de atender los servicios públicos. Sin embargo, no se cuenta con una autonomía, pues su forma política (establecida en los reglamentos) son normados por leyes estatales; de la misma forma, los impuestos que recauda el municipio son insuficientes y necesita de las partidas federales y estatales para cubrir sus gastos.
En cada época el municipio ha respondido a los intereses políticos y económicos del sistema imperante. Necesariamente en esta cuarta transformación se tiene que replantear la tarea de transformación radical desde el municipio. Es por eso que, desde estas instancias se debe iniciar por marcar la pauta de la diferencia de hacer política. Que sean estos gobiernos quienes combatan el régimen de corrupción e injusticias.
