En Construyendo Conciencias nos manifestamos a favor de todo ejercicio que promueva la participación, informada y consciente, del pueblo trabajador en la cosa pública.
La Consulta Popular, establecida en el artículo 35 constitucional, es más ciudadana que popular, toda vez que es un ejercicio solo para las y los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, así como en las listas nominales, sin que por ello deje de ser una importante herramienta de organización para la ciudadanía, que le permita hacer llegar al gobierno el sentir popular respecto de las políticas públicas que pretende llevar a cabo o que ya está aplicando.
En la presente consulta de “Juicio a Expresidentes”, sus opositores y la institución encargada de organizarla, el INE, han echado mano de todo recurso posible para obstaculizar su óptimo desarrollo, esto, por un lado; por otro lado, a sus legítimos promotores, con el discurso con el que argumentan de manera clara del porqué hay que participar en ella, no les es suficiente con señalar el carácter delictivo de los expresidentes y sus malas administraciones. Lo anterior, por el hecho de que al denominar dicha consulta como “Juicio a Expresidentes” se genera una falsa expectativa, dado que, constitucionalmente, sería violatorio de los derechos humanos, se violaría el debido proceso y la presunción de inocencia, razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la estructura inicial de la pregunta.
La Consulta Popular se está utilizando de una forma equivocada, pues no hace falta preguntar a la ciudadanía si se está de acuerdo o no en abrir un proceso de investigación a expresidentes por los delitos cometidos, pues por ley las fiscalías están obligadas a investigar y perseguir los delitos, para llevar a los infractores ante los tribunales para ser juzgados. ¿Qué acaso se consultó a la ciudadanía para llevar a ante los tribunales a los cientos de miles de infractores que están purgando penas en las cárceles?
En este caso, al evadir la responsabilidad de impartir justicia, la Fiscalía General de la República y el Ejecutivo Federal quedan exhibidos ante el cuestionamiento, que inevitablemente surge, de si en verdad se acabó la impunidad para los delincuentes de cuello blanco, de si realmente existe una auténtica división de poderes, sin que uno de ellos subordine a los otros.
Además, el hecho de utilizar a la Consulta Popular de forma inapropiada, preguntando si la fiscalía debe hacer su trabajo o no, es franca confesión de que en nuestro país la justicia sigue siendo selectiva, pues de esta forma se puede ver cómo trata la justicia a los delincuentes de cuello blanco, a los delincuentes del crimen organizado y a los infractores del orden común.
Sabemos que, aún con las observaciones planteadas en los párrafos anteriores y al desarrollarse enmarcada dentro del derecho burgués del sistema económico capitalista, se legitima el propio Estado no importando el resultado de la consulta. Aún con todo lo anterior, se trata de una oportunidad legítima para participar y llamar a la organización popular, y sus genuinos promotores lo saben y lo hacen, pero hay quienes al no tener una orientación ideológica definida, pero sí intereses ambiciosos, se han montado en la consulta para perseguir sus propios fines y, al no ser conscientes de las implicaciones de fondo, la desprestigian y alejan del objetivo principal.
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