por Antonio Tovar León
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Introducción
El 5 de febrero de 2014 se cumplieron 97 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917. La celebración de este acontecimiento, en este año, se convierte en un año luctuoso para el pueblo mexicano, debido a que a finales del año pasado se aniquiló el contenido social de nuestra Constitución Política por los legisladores del PRI, el PAN y sus partidos “paleros” al modificar los artículos 25, 27 y 28 para sacar la “reforma energética”. Debemos recordar, que la actual Constitución Política fue fruto de la lucha armada del pueblo mexicano contra un régimen dictatorial; por recuperar la libertad y los derechos sociales, arrancados al pueblo por el régimen Porfirista, y decimos que lo fue porque con las llamadas “reformas estructurales” –laboral, educativa, fiscal, política y energética– impulsadas desde las estructuras del poder oligárquico y a espaldas del pueblo, terminaron por matar el espíritu social del constituyente del 17.
Los ideales por los que lucharon nuestros antepasados –tierra y libertad; sufragio efectivo, no reelección; y derechos mínimos para los trabajadores– plasmados en la Carta Magna de 1917 quedaron suprimidos de un “plumazo” por el régimen neoliberal del PRI y el PAN, de tal suerte que de aquella constitución ya no queda más que el nombre.
A 97 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917 y a más de cien años de la Revolución Mexicana, cabría hacernos las siguientes preguntas:
¿Éstos hechos históricos mejoraron las condiciones de vida y de trabajo del pueblo? ¿Hoy realmente existe la democracia en México? ¿Las instituciones que emergieron de la Revolución Mexicana garantizan un verdadero estado de derecho?
Para responder a las anteriores interrogantes necesitamos analizar, aunque sea de manera breve, las causas de la Revolución Mexicana, para conocer y poder confrontar las políticas de los gobiernos revolucionarios y las de los tecnócratas neoliberales para contar con argumentos sólidos que nos permitan cuestionar y refutar la doctrina neoliberal de los regímenes del PRI, el PAN y sus “partidos satélites”.
Independencia y Reforma
Al comenzar el análisis, debemos hacerlo tomando como punto de partida la guerra de independencia de nuestro país, pues éste hecho histórico, a pesar de haberle dado a México su “libertad” esta fue aparente debido a que, durante muchos años, el país y la sociedad mexicana estuvieron bajo la influencia y el dominio de la iglesia católica, y no va a ser sino hasta el gobierno de Juárez, con las Leyes de Reforma, que le quita el poder a la Iglesia y se sientan las bases jurídicas para el desarrollo del capitalismo en México.
La época que le tocó vivir a Juárez estuvo marcada por la lucha interna entre conservadores y liberales. Los conservadores defendían los privilegios de la aristocracia y eran partidarios de restaurar en México la monarquía o el imperio; en tanto que los liberales pugnaban por suprimir dichos privilegios e instaurar en el país la república burguesa. Juárez abrazó las ideas liberales y luchó incansablemente contra los conservadores hasta lograr el triunfo con la restauración de la República, la promulgación de la Constitución Política de 1857 y las Leyes de Reforma.
A la muerte de Juárez y con el ascenso al poder de Porfirio Díaz, también liberal, es cuando realmente se va a dar impulso a la industrialización del país, pero a un costo muy elevado: sacrificando al pueblo mexicano, manteniéndolo en la esclavitud y el hambre, creando la dependencia y subordinación de México a los intereses del capital extranjero. ¿Cómo sucedió esto?
Porfiriato
La dictadura de Porfirio Díaz permitió que grandes extensiones de tierra se concentraran en las manos de unos cuantos hacendados (840 para ser exactos). Muchos de estos inmensos latifundios pertenecían a norteamericanos como: La Hacienda de Rancho Viejo, en Chihuahua, con 1,997,514 hectáreas; La Hacienda de Babicora, de W. R. Hearst, con 507,464 hectáreas; La Compañía Minera de El Boleo, con 598,561 hectáreas; La Compañía del Ferrocarril Sud-Pacífico, con 218,000 hectáreas, etcétera.
En estas grandes haciendas las masas de campesinos, carentes de tierra, eran sometidos a jornadas de trabajo inhumanas, y para asegurarse de que no pudieran abandonar las haciendas se les endeudaba de por vida en las tiendas de raya, propiedad del terrateniente, pues no se les pagaba con dinero en efectivo sino en especie –manta, maíz, velas, aguardiente– de esta manera, al morir los campesinos, sus descendientes heredaban las deudas de sus padres. Bajo este sistema económico se mantuvo en la miseria, el hambre y la esclavitud a los trabajadores del campo, exprimiéndoles todas sus fuerzas de trabajo, hasta la última gota de sudor.
Por otro lado, Porfirio Díaz, representante de los intereses de los grandes terratenientes, dio impulso al desarrollo industrial del país mediante la política de “puertas abiertas” al capital extranjero. A través de esta política, el gobierno de Díaz, puso en “bandeja de plata” la riqueza natural del país en manos de empresas extranjeras al otorgar concesiones por noventa y nueve años, sin pago de impuestos, a cuanta empresa ferrocarrilera, siderúrgica, eléctrica, telefónica, etcétera, quisiera establecerse en el país. Y con pagos limitadísimos de impuestos, o sin pago de éstos, se concedieron derechos de explotación a compañías extranjeras sobre tres productos que son la riqueza principal del país: la plata, el petróleo y los bosques.
Estas concesiones equivalían a regalar el hierro, el oro, la plata y el petróleo, cuya explotación intensa no llegaría a los 99 años, pues antes de ese tiempo estos recursos se habrían agotado.
Gran Hacienda vs Industria
Fue así como se inició el desarrollo industrial del país y que a corto plazo chocaría con el sistema económico de la gran hacienda, pues las relaciones de producción hacendarias se convirtieron en una traba para la evolución de las fuerzas productivas capitalistas. En la medida que crecía la industria eléctrica, petrolera, minera, ferrocarrilera, estas demandaban mano de obra “libre” que pudiera venderse a dichas empresas capitalistas.
El problema al que se enfrentó la industria fue que la mano de obra que demandaba no se encontraba disponible en el mercado, esta se hallaba ligada a la tierra, encadenada de por vida en los inmensos latifundios; era pues, necesario, liberar esa fuerza de trabajo, romper las ataduras que frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. La liberación de esta fuerza de trabajo no fue posible llevarla a cabo de manera gradual, ni mucho menos por la vía pacífica dado que Porfirio Díaz había monopolizado el poder político y no permitió el ascenso de otros políticos al ejercicio del poder público ni tampoco aceptaba las ideas contrarias al orden que él representaba. Fue necesario destruir las relaciones de producción hacendarias por medios violentos, por medio de una insurrección armada: la Revolución Mexicana de 1910.
Si la situación de vida y de trabajo de las masas campesinas era desoladora, también lo era para los trabajadores de la industria que no contaban con ninguna protección jurídica y social. ¿Cuál era la situación de la clase obrera durante la dictadura de Díaz? Los trabajadores no gozaban de ningún derecho: la jornada de trabajo era de 10 a 12 horas diarias, y en provincia se trabajaba hasta 13 horas; los salarios eran muy bajos en comparación con los salarios que se percibían en tiempos de Juárez; no había un solo sindicato obrero, por ley estaban terminantemente prohibidos, y quienes intentaban formarlos iban a parar con sus huesos a la cárcel de San Juan de Ulúa; no había indemnizaciones, jubilaciones ni pensiones por vejez, ni vacaciones anuales, etcétera.
Ante esta situación, los trabajadores se organizaban, aún en contra de la ley, para poder enfrentar la explotación a la que eran sometidos por el gran capital. Para negociar con el patrón o patrones mejores condiciones de trabajo los trabajadores recurrían a la huelga, entre las más conocidas y emblemáticas destacan: la de Cananea, Sonora, en 1906 y la de Río Blanco, Veracruz, en 1907; dichas huelgas fueron brutalmente reprimidas y sus dirigentes enviados a la cárcel por la dictadura de Díaz.
Revolución Mexicana de 1910 y Constitución Política de 1917
Ante la falta de democracia, de libertad y justicia, y ante las condiciones de miseria y de explotación, el pueblo mexicano no tardó en manifestar su inconformidad y rechazo a la dictadura del general Porfirio Díaz, levantándose en armas el 20 de noviembre de 1910 bajo las consignas de: “Sufragio efectivo, no reelección” y “Tierra y libertad”. En todo este proceso de lucha popular, en el que se sucedieron victorias y derrotas, se formularon una serie de planes y alianzas, pero en la medida que el tiempo transcurría, el movimiento popular revolucionario se desgastaba: disminuida la División del Norte; desaparecida la Convención de Aguascalientes y substitutas de la misma; y anulado el Plan de Ayala de Zapata, las condiciones estaban dadas para revisar la Constitución Política.
Es así como Carranza convoca al Congreso Constituyente para el primero de diciembre de 1916. Abriendo el Congreso sus sesiones, se procedió a revisar la Constitución de 1857, principalmente en aquellos artículos que algunos connotados revolucionarios habían demostrado que se deberían reformar. Estos artículos fueron el 3º, el 27º y el 123º, los cuales prácticamente se crearon, incorporando así a la nueva Constitución Política las demandas sociales del pueblo –sufragio efectivo, no reelección; tierra y libertad; y derechos mínimos para los trabajadores–. Aquí debemos hacer un paréntesis para ver cuál fue la aportación de los hermanos Flores Magón a la Carta Magna. Los postulados del Partido Liberal Mexicano, además de pedir la total abolición del régimen de Díaz y su substitución por un gobierno de elección popular, libre y democrático, proponían: el trabajo manual obligatorio en las primarias y mejorar el salario de los maestros; restitución de ejidos y tierras ociosas a los campesinos; la fundación de un banco agrícola; la prohibición a extranjeros para adquirir bienes raíces; la jornada máxima de trabajo de ocho horas; fijar un salario mínimo en el campo y las ciudades; el descanso dominical; la supresión de las tiendas de raya, pensiones de retiro e indemnizaciones por accidentes de trabajo; la promulgación de una ley que garantice los derechos de los trabajadores; y protección de la raza indígena. Estos puntos del programa de lucha del partido, sin excepción, fueron incorporados y mejorados en la Constitución de 1917, con lo cual se estableció su carácter social.
México posrevolucionario
Teniendo como respaldo los principios jurídicos de la nueva Constitución Política, algunos gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, pero sobre todo el del general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) así como el de Adolfo López Mateos (1958-1964), con el apoyo popular de los mexicanos comenzaron a recuperar las empresas estratégicas y los recursos naturales que la dictadura de Díaz había entregada al capital extranjero. Esta labor no fue nada sencilla, por el contrario, implicó un gran esfuerzo del gobierno y el sacrificio de millones de mexicanos, pues aún teniendo el marco legal constitucional para llevar a cabo esta tarea, en un principio ni siquiera fue posible legislar las leyes secundarias de los artículos constitucionales, por el enorme poder que las transnacionales ejercían sobre el país y que además contaban con el apoyo de sus gobiernos de origen. Pese a todo esto, el gobierno y el pueblo mexicano, con un esfuerzo titánico, lograron recuperar los recursos naturales y empresas estratégicas en beneficio de la nación. Esta es la razón indiscutible del por qué el petróleo, los recursos naturales y empresas públicas son y deben ser patrimonio de los mexicanos y no de un puñado de filisteos burgueses y neoliberales apátridas.
Ya con los recursos naturales en manos de la nación mexicana, así como de empresas públicas estratégicas, el Estado mexicano se fortaleció, estableciéndose en el país, lo que muchos analistas e investigadores llamaron, el bonapartismo mexicano, otros hablaban del nacionalismo revolucionario, unos más de una economía mixta, en fin.
Lo cierto es que durante toda esa época hubo un crecimiento económico sostenido, de alrededor del 7%; se crearon instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE y los centros de salud; instituciones de crédito para los trabajadores –INFONAVIT, FONACOT– ; se fortaleció el sistema educativo con las Normales Rurales, la creación del IPN y la edificación de Ciudad Universitaria; en las escuelas primarias se establecieron los desayunos escolares y los libros de texto gratuito; se crearon y fortalecieron empresas públicas como PEMEX, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales de México, Teléfonos de México, Ingenios azucareros, etcétera; se construyó una infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria.
Los tecnócratas del neoliberalismo
Con la llegada al poder político de los tecnócratas neoliberales –Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– se echó por la borda todo el esfuerzo y sacrificio de millones de mexicanos en la construcción de un proyecto económico nacionalista. Al entregar los recursos naturales y las empresas públicas estratégicas al capital extranjero, estos gobiernos apátridas vulneraron la soberanía nacional y cancelaron toda posibilidad del pueblo a acceder a una vida digna, además de hipotecar el futuro de las generaciones venideras.
Esos personajes siniestros, se han caracterizado por estar despojados de los más elementales principios de rectitud y lealtad a los intereses de la nación mexicana.
Con las políticas privatizadoras de los bienes del pueblo se desmanteló la planta productiva nacional, generando con ello millones de pobres y marginando a cientos de miles de mexicanos de los servicios más elementales de salud, educación, vivienda y seguridad social. A los actuales gobiernos del PRI, el PAN y partidos paleros no les importa para nada la situación de pobreza e inseguridad de millones de mexicanos ni la ruina del país a la que lo han conducido.
En el pasado, el abominable cojo de Santa-Anna le vendió a los norteamericanos más de la mitad de nuestro territorio, con lo que ha pasado a la historia como el más asqueroso apátrida que haya tenido México. Pero Porfirio Díaz no se queda atrás, pues si bien no vendió territorio nacional, sí entregó la riqueza natural al capital extranjero, que equivale casi a lo mismo. Hoy, los actuales gobiernos neoliberales, del PRI y el PAN, emulando a sus abuelos apátridas, hacen exactamente lo mismo: la entrega de empresas públicas y recursos naturales al capital extranjero. Con estas políticas hipotecaron el país y le cancelaron el porvenir a las futuras generaciones de mexicanos.
No nos cabe la menor duda, de que el actual gobierno, de Peña Nieto, es corresponsable, junto con los neoliberales que le precedieron, de la situación de pobreza, miseria e inseguridad en la que se debate la sociedad mexicana. Estos gobiernos de extrema derecha, con el discurso demagógico, pretenden hacer creer a la población que con la aprobación de las “reformas estructurales” crecerá la economía y se generarán más y mejores empleos.
Estas declaraciones habría que someterlas a la “prueba de fuego” con algo muy sencillo: comparar el discurso con los hechos, y al hacerlo se podrá comprobar que hay una contradicción entre el discurso y los hechos, pues a la fecha, la realidad nos dice que la falta de vivienda y servicios de salud, de educación, así como el desempleo, los bajos salarios, la carestía, la corrupción, la impunidad, el saqueo y sobreexplotación de los recursos naturales, el robo a las arcas de la nación, son el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales por más de treinta años; políticas que sólo han beneficiado a un puñado de filisteos burgueses y sumido en la pobreza e inseguridad a toda una nación. Debemos recordar que el antecesor de Peña Nieto, el alcohólico de Calderón, pretendió abrir PEMEX a la inversión privada sin lograrlo, por la movilización de la ciudadanía, pero además porque su arribo al poder estuvo manchado con la marca del fraude, de tal suerte, que para legitimarse frente al pueblo centró su política en el combate al crimen organizado, dejado con ello, en el país, un baño de sangre de más de setenta mil muertos.
Si el sexenio Calderonista se caracterizó por enfrentar, de manera irresponsable y sin ningún plan, al crimen organizado, el actual gobierno Peñista en nada ha variado dicha política, los resultados saltan a la vista: la inseguridad en el país sigue creciendo; la ingobernabilidad en algunos estados y municipios del territorio nacional recientemente ha salido a relucir en el Estado de Michoacán. La proliferación de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa no son más que el reflejo de la incapacidad o la conducta omisa del gobierno –en sus tres niveles– para garantizar la paz social y brindarle seguridad a la población. Ante este hecho, para controlar a los grupos de autodefensa, el gobierno federal legaliza su actividad al incorporarlos, de manera temporal, como cuerpos de defensa rurales, con la posibilidad de “integrarlos”, en un futuro inmediato, a las policías. En toda esta incertidumbre en la que se debate la sociedad mexicana lo único cierto, por su evidencia, es la campaña publicitaria en los medios, por parte del gobierno federal, para sembrar en la población la idea del cambio, de que las cosas están mejorando, aun cuando la realidad nos demuestre lo contrario.
La obra que comenzó Salinas de Gortari la culminó su criatura Peña Nieto: acabar de mutilar el contenido social de la Constitución Política de 1917. Con las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se le abren las puertas al capital transnacional para explotar la energía eléctrica y el petróleo, últimos recursos que estaban en manos de la nación. Se podrá argumentar, por los apologistas del capitalismo, que estos recursos ya estaban siendo explotados por la iniciativa privada y que los artículos constitucionales, mencionados frenaban el “desarrollo económico del país”. En efecto la explotación del petróleo y la electricidad ya la llevaban a cabo, velada y abiertamente, empresa privadas, pero esto no hace más que confirmar un hecho: la violación a la Constitución Política, que es la máxima ley de la nación mexicana, ley que el presidente Peña Nieto protestó cumplir y hacer cumplir al tomar posesión de su cargo. Al igual que sus predecesores, el gobierno que debería ser garante del cumplimiento de la Constitución Política y las leyes que de ella emanan, es el primero en transgredir el tan cacareado “estado de derecho”.
La Constitución Política de 1917, fruto de la Revolución Mexicana de 1910, fue el acuerdo nacional, el pacto social entre las diversas clases y sectores sociales, para sentar las bases jurídicas bajo las cuales debía organizarse y funcionar la sociedad mexicana.
En el momento en que se creó y promulgó la Constitución Política, algunas fuerzas de la revolución aun estaban vivas, por lo que la burguesía no tuvo más remedio que hacer algunas concesiones a los trabajadores del campo y la ciudad. Es así como se plasman en la Carta Magna las garantías sociales, los derechos sociales que tutelan los intereses de las clases sociales mayoritarias y más vulnerables: los campesinos y los obreros.
No obstante lo anterior, debemos decir que una constitución política, por muy avanzada que parezca en su contenido, por sí sola no es garantía de resolver los problemas y necesidades de la sociedad. La atención y solución de problemas de una nación dependen forzosamente de las acciones del gobierno, de tal suerte que si se trata de un gobierno ajeno a la voluntad popular, emanado del fraude o impuesto por el poder del dinero, dicha constitución será letra muerta en sus manos, e incluso resultará un estorbo para llevar a cabo el despojo de los bienes del pueblo, para saquear las arcas de la nación y hacer sus negocios turbios con la iniciativa privada. En cambio, cuando el gobierno es verdaderamente democrático, emanado de la voluntad popular y controlado por el pueblo, y además centra sus políticas en la solución a los problemas sociales, la constitución se convierte en el instrumento legal para defender la soberanía nacional, para explotar, de manera racional y en beneficio del pueblo, los recursos naturales, para atender las demandas sociales de empleo, salario, salud, educación, vivienda, seguridad, en fin, para garantizar el bienestar y la paz social de toda una nación.
El verdadero propósito para el cual fue impuesto Peña Nieto, por la oligarquía financiera, es de entregar los energéticos al capital extranjero. Este hecho quedó confirmado con la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28. Pero además mostró el verdadero rostro de su gobierno neoliberal, el de una pandilla de burgueses, escritores, abogados y funcionarios de ideas retrógradas, que se vistieron con los “ropajes del Porfiriato” para emular su política: abrirle las puertas al capital extranjero.
La aprobación de la “reforma energética” ha generado en algunos sectores del pueblo el desánimo para seguir luchando, bajo el argumento de que el petróleo, en poder de la nación, significaba la posibilidad de utilizarlo como palanca de desarrollo económico en beneficio del pueblo, y sin él ya no tiene sentido la lucha por la conquista del poder político. El desánimo también puede deberse a que después de años y décadas de lucha, contra el sistema político mexicano y sus partidos del PRI y el PAN, a la fecha no hemos sido capaces de llevar a la presidencia de la República un gobierno de “izquierda”, tampoco de lograr la unidad del pueblo en la lucha por democratizar el país y sus instituciones, por el contrario, cada vez se advierte más la división y fragmentación de la lucha popular.
A casi un siglo de distancia
Cada sector u organización lucha por cuenta propia, separada de otros movimientos sociales, aún cuando la crisis económica, las reformas estructurales y las políticas del gobierno nos peguen a todos por igual.
Las preguntas obligadas que debemos hacernos son: ¿Por qué todos los sectores de la sociedad, golpeados por la crisis económica generada por el capitalismo, no hemos podido unirnos para luchar contra esa situación? ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de crear una gran fuerza política que le dispute el poder a la oligarquía financiera?
Muchas y variadas pueden ser las respuestas, al igual que los factores que impiden la lucha organizada del pueblo en la conquista del poder político, pero consideramos que una es la fundamental: el tipo de lucha que despliegan las organizaciones sociales y partidos llamados de izquierda.
Así por ejemplo, los dirigentes de la mayoría de las organizaciones sociales del pueblo se han caracterizado por movilizar a sus agremiados en torno a demandas meramente económicas, demandando de los patrones y de los gobiernos en turno la solución a sus demandas –empleo, salario, salud, educación, vivienda– sin pretender disputarle el poder político a la oligarquía financiera. En su lucha nunca ha estado presente derrocar al gobierno “pelele” y su substitución por un gobierno libre, democrático y popular, mucho menos se han planteado la necesidad de la expropiación de los medios de producción a la burguesía. En este tipo de lucha se ha educado al pueblo por años y décadas, a grado tal que se ha convertido en una práctica tan común que cuesta trabajo desprenderse de ella y, que además, dificulta el paso de la lucha económica a la lucha política e ideológica.
Otro tanto podemos decir de los partidos políticos, que se autodefinen de izquierda, alejados totalmente de las luchas del pueblo, mantenidos no por voluntad de sus militantes sino por el sistema o grupos de poder, que los consumen en la búsqueda de pretextos para legitimarse ante las instancias del poder, olvidándose que las prerrogativas de que disfrutan provienen de las contribuciones del pueblo y no del gobierno, que el poder del que están investidos tiene su origen en la soberanía popular y no en el Estado. Toda su actividad política se reduce a la participación en los procesos electorales, para ganar algunos cargos de elección popular, para no perder su registro como partidos políticos nacionales y así seguir disfrutando de las “mieles” del erario público.
A modo de cierre
Por consiguiente, es tarea fundamental de todos aquellos militantes, de organizaciones sociales y políticas, verdaderamente democráticas y revolucionarias, desplegar a lo ancho y largo del país, una actividad permanente de información y concientización de la ciudadanía, elevando la conciencia política y de clase del pueblo, con el propósito de que el pueblo piense y, que al hacerlo, lo haga con independencia, que sea capaz de valorar por sí mismo la vida, la familia, las cosas, las ideas.
Es un gran deber y una noble tarea arremeter contra la ignorancia y la desinformación a la que se ha condenado al pueblo. No todo está perdido. Mientras haya militantes comprometidos y que estén dispuestos a luchar por las causas del pueblo hay esperanza de revertir el estado actual de las cosas.
