por Jessica Ramírez
Hace poco más de veinte años que en México se implementaron una serie de medidas neoliberales, con las cuales se privatizaron empresas públicas. En el tema de seguridad social, los fondos de las pensiones de millones de trabajadores mexicanos no fueron la excepción. Con la ley del IMSS de 1997, el Estado delegó su manejo a las AFORES, que son instituciones financieras privadas en México que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados a algún sistema de seguridad social.
En el caso de ser un trabajador asalariado, se depositará en su cuenta AFORE el 6.5% de su salario, porcentaje que es de carácter tripartita, es decir, donde participa el patrón que aporta el 5.15%, el trabajador con un 1.125% y el Gobierno Federal que destina el 0.225%.
El dinero depositado a las AFORES lo invierten para generar rendimientos, prometiendo así incrementar el saldo total de la cuenta al momento del retiro del trabajador. Pero la realidad es otra para los trabajadores, ya que la mayor parte de estos rendimientos se lo quedan las AFORES en forma de comisión, estas comisiones se cobran incluso si la inversión resultó en minusvalías para el trabajador, lo que da otro campo más de ganancia para los empresarios dueños de las AFORES que se enriquecen con los ahorros de los trabajadores. De 1997 a mayo del 2017, de acuerdo a estadísticas de la CONSAR, las empresas han logrado ganancias netas de comisiones por 102 mil 524 millones de pesos.
En todos los sentidos las AFORES no son más que un negocio y un atraco al recurso de los trabajadores, una medida que favorece a los más ricos y empobrece y condena a la miseria a los trabajadores jubilados, lo que los obliga a vivir en la precariedad y sin seguridad social.
¿Qué presenta el Gobierno Federal a propuesta de la SHCP y la CONSAR hoy?
Para fines prácticos, se propone hacer una comparativa entre la ley de pensiones de 1973, la de 1997 que se encuentra en vigor y la reforma al Sistema de Pensiones propuesta por la SHCP, la CONSAR y presentada por el actual presidente.
Por lo que se muestra en la tabla anterior, el diseño institucional permanece intacto y, a grandes rasgos, lo que esta reforma propone modificar son tres puntos:
1.- Aumentar del 6.5% al 15% la aportación de seguro del retiro en ocho años, este aumento lo aportará el patrón, es decir, que de aportar un 5.15% aportará un 13.85%, aunque en letras chiquitas menciona que este aumento solo se hará a trabajadores de mayores ingresos, y a los de menores ingresos se les seguirá dando la aportación patronal del 5.15%.
2.- Se disminuyen las semanas de cotización de 1250 a 750 para obtener una pensión mínima garantizada. Lo que implicaría una crisis social y un riesgo de generar presiones fiscales adicionales en las cuentas de gobierno para 2021 cuando se comience a jubilar la primera generación AFORE.
3.- A las empresas se les da más campo para invertir, anteriormente había un límite del 20% para invertir en valores extranjeros con el dinero recaudado en las AFORES, ahora se quita ese límite y se le permite a la CONSAR establecerlo, lo que deja el campo abierto hasta que lo convierta en un 100%.
En nuestro país los intereses de la clase empresarial burguesa son muy claros, y estos por años han inclinado la balanza a su favor. Esta reforma -que disfrazada parece estar a favor de los trabajadores-, no va a solucionar en ningún sentido los problemas que tiene nuestro sistema de pensiones, al contrario, alarga la agonía de los trabajadores jubilados y sobre todo alarga las ganancias de las AFORES, pues esta reforma no es más que la continuación de un modelo privatizador neoliberal, misma que, según los estudios más recientes de la Organización Internacional del Trabajo, se está revirtiendo en varios países porque dicho modelo no funcionó.
El modelo privado de pensiones y de ahorro forzoso favorece únicamente a las AFORES, pero empobrece y condena a la miseria a los trabajadores jubilados, sigue con la lógica mercantilista del ahorro de los trabajadores cuando deberíamos pasar a otra lógica, que es la de responsabilidad social.
Por lo tanto, debemos tener bien claro que las pensiones son parte de la seguridad social; la seguridad social es un derecho humano, y lo que tenemos hasta el día de hoy es un modelo de ahorro forzoso, no un modelo de pensiones, es decir, no es un modelo de seguridad social. En ese sentido, es responsabilidad del Estado y sobre todo de este gobierno que pregona ser de izquierda, recuperar la rectoría del Estado que perdió en 1997, y que participe activamente y nuevamente en la administración de los recursos de los trabajadores, donde gestione y garantice al menos una pensión suficiente para tener un retiro digno.
Si seguimos con este sistema privatizador, para 2050 el país tendrá más ancianos en la precariedad y la pobreza. Lamentablemente, la clase trabajadora somos los condenados por este diseño institucional, pero no tenemos esto en nuestro consciente social. Es un tema que tiene y urge ser llevado al debate público.
