El jueves 13 de febrero del presente año, Naucalpan nuevamente fue noticia en medios locales y de circulación nacional, esta vez no por sus temas de corrupción o inseguridad –que son “el pan nuestro de cada día”–, ahora por el deficiente desempeño de la Delegación Regional del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Dicho programa tiene como propósito principal apoyar a la economía de mujeres y hombres de más de 68 años, mediante una pensión universal de $2,550.00 bimestrales.
En su aplicación: “Se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en la operación del Programa, reconozcan, promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los derechohabientes, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a las personas, con apego a los criterios de igualdad y no discriminación.”
De acuerdo a lo anterior podemos deducir que el planteamiento del Gobierno Federal es hacer de este programa una política pública y no una medida asistencialista. Por consiguiente, lo que se requiere es simplemente hacerles llegar el recurso económico a los beneficiarios. Sin embargo, para la aplicación de dicho programa se ha creado un enorme aparato burocrático, con su respectiva carga económica, que opera mediante el censo “casa por casa”, involucrando a los llamados Servidores de la Nación para llevarlo a cabo.
Por otro lado, si tomamos en cuenta que el programa está dirigido a adultos mayores, debemos considerar que por su edad, y en muchos casos por su condición de pobreza, es muy frecuente que estas personas adultas padezcan de presión arterial, diabetes o alguna otra enfermedad, y a esto le sumamos que algunos tienen alguna discapacidad visual, auditiva, motora, etcétera. Por sentido común debería minimizarse el trámite a sólo identificarse como adulto mayor con un documento oficial, y mediante una tarjeta bancaria, recibir puntualmente por transferencia su apoyo económico.
No estamos en contra de que el Gobierno Federal de empleo a personas, pero frente a los hechos, no debemos de guardar silencio y mucho menos dejar de señalar que la estructura de los Servidores de la Nación está siendo utilizada de forma incorrecta, y no se está cumplido con el objetivo planteado por la Secretaría del Bienestar, por lo menos en Naucalpan, pues “quienes se encargan de entregar el apoyo” (aunque el programa establece que no hay intermediarios) una y otra vez han demostrado que no tienen la mínima sensibilidad ni el respeto hacia las personas adultas al obligarlas a asistir a diferentes lugares para entregarles su apoyo económico.
La gota que derramó el vaso fue el jueves 13 de febrero, cuando los adultos mayores tuvieron que permanecer formados por más de 8 horas, soportando muchas incomodidades, por las condiciones del lugar del Palacio Municipal en que fueron citados, de difícil acceso para personas con alguna discapacidad, teniendo que hacer fila en banquetas, escaleras, pasillos y pasos vehiculares, soportando el frío de la mañana y, horas después, el calor quemante del Sol.
El inhumano trato del que han sido objeto una y otra vez los beneficiarios del programa social, en esa ocasión rebasó sus propios límites cuando muchos adultos mayores, cansados y fastidiados por la larga espera, a punto de desfallecer por el calor, la sed, la falta de sanitarios, carpas y sillas, etcétera, tuvieron que abandonar la fila junto con los familiares que los acompañaban, resignados a perder su turno y su apoyo, pues fue la advertencia mencionada por los servidores públicos.
Los adultos mayores que soportaron de pie, las más de ocho horas formados, obtuvieron como respuesta: que los apoyos económicos se habían terminado, por lo que se les indicó que volvieran al día siguiente. Como era de esperarse, las personas mostraron su coraje y malestar reclamando y exigiendo, con justa razón, una explicación.
Al día siguiente quien dio la cara fue la Delegada Estatal Delfina Gómez, pero sólo para justificar el hecho de que la afluencia de beneficiarios fue de 2500, cuando sólo contaban con apoyos para 640 personas. La pregunta es ¿por qué esperaron hasta el final del día para hacerlo saber? Esa desafortunada experiencia pudo evitarse simplemente con haber avisado que únicamente se darían 640 apoyos, y los faltantes se darían al día siguiente.
Lo anterior ha dado motivo a la especulación sobre la forma y el manejo del programa social por los encargados en Naucalpan, que hay que mencionar, no queda claro quién es formalmente: Isaac Montoya o Jesús Rea. Ya que el primero ha ejercido más de un cargo a la vez y delega la
responsabilidad cuando hay que hacerlo en el segundo mencionado, sumado a que no fueron capaces de dar la cara, y que en su lugar tuvo que acudir la Maestra Delfina. Los naucalpenses en su calidad de ciudadanos y como militantes de diferentes partidos comienzan a sacar sus propias conclusiones al respecto.
Lo único que queda claro es que un programa federal con un noble propósito, ha quedado, al menos aquí en Naucalpan, desprestigiado por la incapacidad e ineptitud de quien lo opera en el municipio. Tal situación se mencionó en el cabildo del miércoles 19 de febrero por ediles, añadiendo que, aún con el apoyo que presta el Ayuntamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Social, no logran establecer una logística que garantice el trato digno y de respeto que se debe proporcionar a los adultos mayores.
El clientelismo, el corporativismo y el lucro político con los programas sociales son prácticas vulgares y mezquinas que han caracterizado a los anteriores gobiernos y partidos, pero cuando esas prácticas las reproducen grupos políticos enquistados dentro de nuestra agrupación tenemos el deber de señalarlas y combatirlas, pues es contra lo que hemos luchado, primero como movimiento social y ahora como partido político, y dicho sea de paso, morena no debe ser una agencia de colocación para cargos administrativos ni de representación en el gobierno.
Lo rescatable de esto es que, en lo municipal, el cabildo acordó llamar a comparecer al Secretario de Desarrollo Social –también vinculado a Isaac Montoya–, y es una medida correcta. Para nosotros, lo correcto debe ser el entender que cuando en los cargos públicos y/o de representación se tiene a los más allegados, a los amigos, a los serviles y además incapaces, eso también se llama corrupción y debemos exigir sean sometidos a investigación, y si resultan responsables que se les sancione, pues tener conocimiento de esto y no mencionarlo nos hace cómplices de lo mismo.
Fundamos un partido para tomar el poder y lo conseguimos, pero la inexperiencia y la falta de formación política desde un inicio nos ha llevado a cometer grandes errores, el reconocerlos abre la posibilidad de corregirlos, sólo así seremos capaces de marcar diferencia y comenzar a construir una verdadera transformación.
